RESUMEN DE PRENSA

VENEZUELA | URUGUAY

VENEZUELA

EL PAÍS | INTERNACIONAL | 06/02/2014 |Página 2

Maduro aprieta el gatillo de las expropiaciones contra empresas Venezuela. El presidente lanzó un ultimátum hasta el lunes a empresarios

"Si hay que expropiar (empresas) vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo", amenazó el presidente Nicolás Maduro en su "guerra económica". De hecho, dio un ultimátum hasta el lunes a los empresarios para que cumplan con la flamante Ley de Precios Justos.

La responsable de la recién creada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), Andreína Tarazón, comparó hoy con "criminales de guerra" a aquellos que acaparan alimentos, en momentos en que el país vive un nuevo episodio de escasez de bienes.

"Hay factores que insisten en delinquir, en comportarse como criminales de guerra porque acaparar toneladas de alimentos, dejar que estén en estado de descomposición toneladas de carne (...) desviar toneladas y toneladas de alimentos hacia Colombia son actitudes que cometen criminales de guerra", dijo la también ministra de la Mujer a la emisora local Unión Radio.

"Son finalmente actitudes que van en detrimento de millones de personas, que afectan la estabilidad del país", agregó.

Frente a esto, Tarazón sostuvo que el Gobierno "no tiene otra opción" que aplicar la nueva Ley de Precios Justos, que pretende controlar los precios y acabar con la escasez, apoyada en la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30% y sanciones de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.

Expropiaciones.

Nicolás Maduro, aseguró este martes que expropiará las empresas que incumplan la Ley de Precios Justos, que establece ganancias máximas de 30%. Normativa que empresarios aseguraron impugnarán por considerarla "inconstitucional".

"No me subestimen, sectores de la burguesía. Si hay que expropiar (empresas) vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo", dijo el pasado martes Maduro desde el Cuartel de la Montaña en un evento para conmemorar los 22 años del golpe militar del 4 de febrero liderado por el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Si el lunes que viene encontramos unidades económicas o empresas violando la Ley de Precios Justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar", agregó a manera de ultimátum.

La nueva ley, que prevé la aplicación de medidas preventivas y sanciones como el decomiso, la ocupación temporal de establecimientos o bienes, fue rechazada por las cámaras empresariales, quienes anunciaron que pedirán su nulidad ante la Justicia.

Asimismo, la ley establece en su apartado de lucha contra el acaparamiento que quienes "restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados (...) para provocar escasez o distorsiones en sus precios, serán sancionados por vía judicial con prisión de 8 a 10 años".

Además, la normativa prevé multas que van desde 107.000 bolívares (17.000 dólares) a los 5,3 millones de bolívares (850.000 dólares).

El nuevo mecanismo se articula bajo la Sundde, que ejercerá la "rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancias y precios". Y cuya titular, como se apuntaba al principio, no ha dudado en utilizar calificaciones tales como las de "criminales de guerra" contra presuntos empresarios acaparadores.

Impugnación.

El empresariado venezolano anunció este martes, por su parte, que presentará un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra esta ley -promulgada por Maduro el pasado 24 de enero para combatir una supuesta "guerra económica" y que se dispone a utilizar- por considerarla "inconstitucional".

"Vamos a presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la Ley de Precios Justos", dijo en rueda de prensa Jorge Roig, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecámaras), que reúne gran parte del empresariado.

Roig detalló que el carácter "inconstitucional" de ésta radica en el hecho de que declara como materia de "utilidad pública" a toda la cadena nacional, cuando la Constitución estipula que "el sector privado conjuntamente con el gubernamental son los que deben proponer un modelo económico".

Según el presidente de Fedecámaras, esta ley "confisca" la libertad económica, restringe la oferta y aleja las inversiones. "Todas las empresas, al ser de utilidad pública sin importar su tamaño, quedan listas para expropiaciones, para ser confiscadas por el Estado sin el pago oportuno", dijo.

Por otro lado, Roig urgió al gobierno a liberar las divisas para el sector privado a fin de evitar un "colapso", principalmente en el sector de alimentos, productos básicos y salud.

En Venezuela rige desde 2003 un férreo control cambiario en el marco del cual el dólar se vende en 6,30 bolívares para sectores esenciales y 11,30 para los restantes, mientras que en el mercado paralelo supera en más de 10 veces la primera tasa.

El país caribeño, que cuenta con las mayores reservas petroleras en el mundo, importa la mayor parte de los alimentos y productos que consume, los cuales se han encarecido o han empezado a hacerse más escasos en los últimos meses debido a las restricciones del gobierno a la venta de dólares a empresarios, a los que acusa de estar ligados a la oposición.

El adeudo en la entrega de divisas al sector privado suma más de 13.400 millones de dólares, siendo los sectores de alimentos, farmacéutico, químico y aviación los más afectados. "No parece haber la suficiente cantidad de recursos para honrar estas deudas", advirtió el titular de la poderosa cámara empresarial.


LA REPÚBLICA |MUNDO | 06/02/2014 |Página 20

Maduro dijo que expropiará empresas que incumplan ley. CONTRA LA ESPECULACIÓN. LEY DE PRECIOS JUSTOS ESTABLECE GANANCIAS MÁXIMAS DE 30%.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que expropiará las empresas que incumplan la Ley de Precios Justos, que establece ganancias máximas de 30%, y que empresarios dijeron que impugnarán por considerarla "inconstitucional".

"No me subestimen, sectores de la burguesía. Si hay que expropiar vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo", dijo este martes Maduro desde el Cuartel de la Montaña, en un evento para conmemorar los 22 años del golpe militar del 4 de febrero liderado por el ex presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Si el lunes que viene encontramos unidades económicas o empresas violando la Ley de Precios Justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar", agregó. El empresariado venezolano anunció este martes que presentará un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra esta ley -promulgada por Maduro el pasado 24 de enero para combatir lo que considera una guerra económica-, por considerarla "inconstitucional". "Vamos a presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la Ley de Precios Justos", dijo en rueda de prensa Jorge Roig, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecámaras), que reúne gran parte del empresariado.

Según el presidente de Fedecámaras, esta ley "confisca" la libertad económica, restringe la oferta y aleja las inversiones. "Todas las empresas, al ser de utilidad pública sin importar su tamaño, quedan listas para expropiaciones, para ser confiscadas por el Estado sin el pago oportuno", dijo.

La norma establece ganancias máximas de 30% y arduas penas administrativas y penales, que van de 2 a 12 años de prisión, para quienes incurran en especulación, acaparamiento y contrabando de bienes.

Previo a esta ley, en noviembre pasado, Maduro lanzó una campaña de fiscalización de precios en varios rubros, desde electrodomésticos hasta materiales de construcción, pasando por ropa y calzado, en la que obligó a rebajas de hasta 70% en comercios señalados de especular con los precios.

FRASE

"No me subestimen, sectores de la burguesía. Si hay que expropiar vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo".

URUGUAY

EL PAÍS INTERNACIONAL 06/02/2014 |Página 8

Mujica alerta de petróleo en costas Hay "más que indicios", precisó el mandatario

Existen "más que indicios" de que puede haber petróleo en las costas uruguayas, sostuvo el presidente José Mujica ayer. Y añadió que por esto hay que "reforzar los dispositivos navales".

"En Uruguay nunca supimos a ciencia cierta si teníamos o no teníamos (petróleo), porque nunca buscamos sistemáticamente. Hace unos años se está trabajando con un criterio de menos a más y algunas decisiones que se han tomado en algunas empresas, por ejemplo traer alguna plataforma y empezar alguna perforación, que nos hace pensar que hay más que indicios", sostuvo el presidente en una entrevista en la mañana de ayer con radio Monte Carlo.

"No podemos tener una mirada estática, esto es una película que se está moviendo permanentemente, el país crece, tiende a crecer y si tiende a crecer tenemos que tener en cuenta los problemas que se nos vienen encima", añadió.

El mandatario sostuvo que, "naturalmente, esto nos va a crear un problema en el mar, incluso un problema de seguridad, vamos a tener que reforzar los dispositivos navales porque ahí va a haber gente trabajando en situación de riesgo". El mandatario agregó que todo lo que se haga se debe hacer "cuidando el medioambiente".

LA REPÚBLICA | NACIONAL | 06/02/2014 |Página 6

DEFENSA. Huidobro con ministra de Ecuador Ministra Espinosa.

La ministra de Defensa de Ecuador, María Fernanda Espinosa, se reunirá hoy con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández, en Montevideo, a los efectos de avanzar en ha agenda de cooperación bilateral. La ministra ecuatoriana partirá el viernes hacia Argentina donde mantendrá reuniones con su par, Agustín Rossi.

Una nota del Ministerio de Defensa de Ecuador señala que la ministra analizará con ambos ministros los avances de la agenda de cooperación bilateral y los temas de interés regional en materia de defensa y seguridad. Ecuador comparte con ambas naciones una amplia cooperación en el ámbito de la defensa en áreas como la investigación, capacitación, entrenamiento, cumplimiento de operaciones internacionales de mantenimiento de paz e intercambio de conocimientos en las áreas de ciencia y tecnología. "Son muchos objetivos los que nos unen ya que Ecuador, Uruguay y Argentina promovemos el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros pueblos, basadas en el respeto, la cooperación, la integración regional, la solidaridad y la construcción de Suramérica como un territorio de paz", indicó la ministra Espinosa, al partir rumbo a Montevideo.

Por ello, los secretarios de Estado revisarán el desarrollo de los compromisos que cumplen sus gobiernos para avanzar en las acciones de reciprocidad en el marco de la cooperación sur-sur, incluyendo una evaluación de la política regional y las amenazas en el ámbito de la defensa, como el espionaje y la vigilancia electrónica.

El comunicado del Ministerio ecuatoriano agrega que "esta visita internacional de la ministra Espinosa incentiva la política de fortalecimiento de la identidad suramericana de defensa, destacando la importancia del Consejo de Defensa Suramericano y la Escuela Suramericana de Defensa, con miras a impulsar la creación de un pensamiento estratégico en la región, a partir de una visión plural y con base en la formación de una red que integre a los diferentes centros de estudio y formación civil y militar que existen en los países miembros de Unasur".

EL PAÍS | INTERNACIONAL | 06/02/2014 |Página 9

Blancos instalan polémica por adjudicación de bancas Elecciones: Argumentan que el FA no debió tener mayoría

El Partido Nacional promoverá un proyecto de ley para ajustar a la Constitución el sistema de adjudicación de bancas en el Parlamento por el mecanismo de representación proporcional integral. El FA se opone a hacerlo en el año electoral.

El tema será analizado el lunes 10 por el Directorio del Partido Nacional y es intención de esa fuerza política impulsar una ley que interprete los criterios para evitar una posible impugnación de la próxima elección nacional de octubre.

La Constitución establece que las bancas del Parlamento se adjudican por el sistema de la representación proporcional integral. En el libro El fin de la inocencia. La representación proporcional integral falseada, editado a fines de 2013, el exsenador Guillermo García Costa y el exministro de la Corte Electoral Rodolfo González Rissotto analizaron los resultados de las elecciones de 1958, 1966 y 2009 y concluyeron que con el 48,5% de votos obtenidos no se puede obtener la mayoría parlamentaria, como fue el caso del Frente Amplio en la última elección.

Con la interpretación que le dio entonces la Corte Electoral al resultado, el Frente Amplio se vio beneficiado con la adjudicación de 50 bancas en Diputados y 17 en el Senado.

Cuando se presentó el libro, se explicó que de acuerdo con esa línea de razonamiento, en las elecciones de 2009 el Frente Amplio debió obtener una banca menos tanto en el Senado como en Diputados, o sea no debió tener mayoría absoluta en ninguna de las Cámaras.

Precisamente el objeto central del libro de García Costa y González Rissotto es estudiar si las proclamaciones realizadas por la Corte Electoral ese año se ajustaron o no a la Constitución.

La conclusión del libro fue entonces que la Corte Electoral adjudicó al lema Frente Amplio un diputado más y un senador más en perjuicio, en el primer caso, de Asamblea Popular y en el segundo, del Partido Independiente. Los autores del libro dijeron en el acto de presentación de la obra que se trató de una "equivocada interpretación" de la norma constitucional.

En el libro también se explica que según lo investigado la equivocada integración de las Cámaras incide en la segunda vuelta para la elección presidencial, porque no es lo mismo ser candidato presidencial con una mayoría absoluta en ambas Cámaras ya asegurada, que serlo con representación parlamentaria minoritaria. Y que también tiene repercusiones respecto de la integración del Consejo de Ministros, pues los secretarios de Estado cuentan con apoyo parlamentario asegurado de antemano por tener esa mayoría absoluta en ambas cámaras.

Interpretación.

Esta situación intentará ser subsanada por legisladores del Partido Nacional que presentarán un proyecto de ley, tras informarse en el seno del Directorio partidario el lunes 10 cuando se analice el tema con las ministras de la Corte Electoral Margarita Reyes y Sandra Etcheverry, a quienes se espera en la sede nacionalista.

Según una columna que escribiera el domingo 2 en El País el expresidente y senador Luis Alberto Lacalle, debería aprobarse una ley por 2/3 -es decir con una mayoría parlamentaria que requiere de un acuerdo político entre todos los partidos- diciendo que es adecuada la aplicación hecha hasta ahora, o que se tiene que hacer de otra forma.

La situación descripta en el libro de García Costa y González Rissotto puede ameritar, según la interpretación de sus autores, a que tras la elección nacional un dirigente que participó de una lista y quedó sin banca pueda reclamar que de acuerdo con sus cálculos le corresponde un escaño parlamentario. Esto permitiría que se presentara un recurso de inconstitucionalidad impugnando la elección nacional.

Análisis.

La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, informó en la Mesa Política que se reunión con los ministros de la coalición en la Corte Electoral para analizar la creación del nuevo partido entre blancos y colorados para disputar la Intendencia de Montevideo, y la propuesta para aclarar el sistema de distribución de las bancas que impulsará la oposición.

Según dijo Xavier, "el Frente Amplio debería oponerse a instalar cualquier discusión de este tipo en año electoral". En la Mesa Política de la coalición de izquierda también se informó que se prepara un informe jurídico sobre esta propuesta y el nuevo partido de la Concertación.

EL OBSERVADOR | ACTUALIDAD |06/02/2014 | Página 5

Gobierno prioriza el río Uruguay y posterga el canal Martín García. Argentina. Almagro comentó la nueva prioridad a jerarcas de ambos países

En la consideración de los temas a resolver con Argentina, el gobierno decidió priorizar el dragado del río Uruguay y relegó el canal Martín García, que, al no ser profundizado, deja en peores condiciones de competir al puerto de Nueva Palmira, que es la segunda terminal portuaria del país después de Montevideo.

Los presidentes José Mujica, de Uruguay, y Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, resolvieron la semana pasada durante una reunión que mantuvieron en La Habana elaborar una lista de los temas pendientes de solución. En ese aspecto trabajarán las cancillerías de ambos países. Los presidentes también definieron negociar "en reserva". Sobre ese último punto, el canciller Luis Almagro comentó el lunes en la reunión del gabinete que la reserva será tal que no informará ni siquiera al Consejo de Ministros, para evitar filtraciones a la opinión pública, según lo informaron fuentes gubernamentales a El Observador.

La senadora Lucía Topolansky opinó que el puerto es la prioridad para Uruguay. El puerto de Montevideo vio caer su actividad desde que en noviembre Vías Navegables de Argentina prohibió los transbordos en países que no tengan acuerdo marítimo con ese país. La legisladora dijo la semana pasada a radio La Red de Buenos Aires que la medida que afecta a los puertos de Uruguay es la mayor preocupación del gobierno porque "impacta sobre el mundo del trabajo". Uruguay "no puede estar peleado con Argentina" pero "eso no implica que no se critique este tipo de medidas", afirmó Topolansky.

Sin embargo, ayer, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, no puso al tema portuario ni al comercio en la parte más alta de la lista a negociar con Argentina sino al dragado del río Uruguay.

En una reunión en su despacho del Comité Binacional Hidrovía del río Uruguay, a la que asistieron intendentes de ambos países entre otros jerarcas, el ministro dijo que el desarrollo de esa hidrovía "es el primer tema que Uruguay va a impulsar en la agenda bilateral porque hace una diferencia absoluta en la vida de la gente de ambas orillas", según un comunicado de la Cancillería. "Hay que romper con la lógica de que los proyectos productivos de un lado del río le sacan al otro: si un emprendimiento se instala en una orilla, toda la zona crece, el desarrollo de la gente traspasa fronteras; esa es nuestra lógica. Todos podemos y debemos ganar en la relación bilateral", dijo Almagro. Además, en declaraciones al diario El Telégrafo de Paysandú afirmó que se colocó por encima el dragado del río Uruguay "más allá de que la diferencia de cargas beneficie al canal Martín García". El dragado y la profundización de ese canal que va a Nueva Palmira, y que compite con el Mitre de Buenos Aires, fue un proyecto impulsado por Uruguay que siempre encontró trabas en la administración K. La postergación de esas obras proyectadas, que en el medio sufrieron denuncias de presunta corrupción que involucraron a personal de ambas cancillerías y a la empresa Riovia que se encargaba de los trabajos, deterioró la relación política de los gobiernos.

Ahora, Almagro retrasa la discusión sobre el canal Martín García para priorizar el río Uruguay. "Nosotros vamos a apoyar todos los proyectos productivos que se quieran establecer del otro lado de la costa del Uruguay. Y para eso tenemos que dragar el río. Eso lo coloca como prioritario", dijo el canciller a El Telégrafo.

De aquí en más se definirán los aspectos prácticos. Una parte del río, del kilómetro cero a Fray Bentos, sería dragada por la Administración Nacional de Puertos, y de ahí hacia Paysandú por Vías Navegables. En ese caso, un punto de riesgo sería la calidad del dragado que cada país hará del lado del vecino. Uruguay deberá confiar en Vías Navegables, organismo que decidió que las cargas no transborden en países sin convenio, lo que perjudicó al puerto de Montevideo.

Cancilleres de Colombia y Venezuela se reúnen en Zulia