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Noticias de URUGUAY
LA REPUBLICA |NACIONAL |24/09/2013 |Página 5
Mujica propuso a Uruguay como sede de negociaciones de paz. Encuentro. Mujica se reunió con el presidente colombiano
El presidente Juan Manuel Santos propuso que Mujica interceda ante otros mandatarios de la región y fuera del continente, para lograr un respaldo generalizado a las negociaciones de paz en su país.
Por primera vez desde que se conoció que Mujica se había ofrecido como colaborador en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana, ayer, el propio Mujica y el mandatario de Colombia Juan Manuel Santos hablaron juntos sobre la posibilidad de avanzar en esa ayuda e incluso que Uruguay fuera sede de esas negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional).
La reunión se realizó en la residencia del embajador uruguayo ante la ONU, José Luis Cancela.
El presidente Santos señaló que "con este respaldo" del presidente Mujica y "la oferta de usar a Uruguay como posible sede en una negociación con el ELN nos facilita el proceso de toma de decisiones cuando venga el momento de conversar con ellos y en qué condiciones", agregando que "es un tema que hay que discutir con la contraparte y en este tipo de situaciones hay que ser prudentes porque las decisiones se toman de común acuerdo".
Por su parte, Mujica destacó que "Uruguay ofrece lo mismo que ha ofrecido siempre y es estar dispuesto a acompañar a Colombia en lo que vea que podamos servir. Nuestra casa, nuestro país, tiene las puertas abiertas y, de necesitarlo, nosotros no tenemos problemas de costo político".
Santos consideró el aporte de Mujica como "una pieza clave" en este proceso de paz con el ELN, un grupo guerrillero nacido a mediados de los años "60 y que ha tenido infinidad de comienzos de negociaciones desde la década de los años "70 pero que ninguno de ellos prosperó.
EL PAIS |PORTADA |24/09/2013
José Mujica y George Soros: reunidos por la marihuana. Acción. El multimillonario financia a grupos procannabis
El multimillonario George Soros le dijo ayer al presidente José Mujica que quiere venir a Uruguay a observar cómo funcionará el nuevo marco legal de la marihuana, y consideró que el país es una especie de "laboratorio" en la materia.
Mujica y Soros se reunieron ayer en Nueva York en las oficinas de Uruguay en Naciones Unidas, donde coincidieron en que la legalización del cannabis es una herramienta para combatir el narcotráfico.
Soros, cuya organización Open Society Foundation ha financiado actividades de grupos prolegalización de la marihuana en Uruguay desde hace dos años, apuesta a un "cambio conceptual" en Estados Unidos y sigue con atención los procesos en los estados de Colorado y Washington, similares a los de Uruguay, según reveló el presidente Mujica tras el encuentro, el primero que tuvo ayer en Nueva York.
EL OBSERVADOR | ACTUALIDAD | 24/09/2013 | Página 4
La ley de medios abre un nuevo debate sobre monopolios estatales. Mayorías. El Partido Nacional advierte que la norma otorga derechos a ANTEL que requieren consenso entre dos partidos políticos para llegar a dos tercios de votos
El debate público sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios) estuvo centrado en la regulación de contenidos emitidos por los canales de televisión y en el control de la asignación de frecuencias, pero dejó oculta la discusión sobre un nuevo monopolio que se crea. Según especialistas jurídicos, el articulado otorga a ANTEL el monopolio en el mercado de transmisión de datos y habilita solo a la estatal y al Sodre a realizar el traslado de contenidos audiovisuales de quienes no puedan hacerlo.
Además de las modificaciones de forma ya anunciadas, que solo precisan votos del oficialismo, el Partido Nacional (PN) señala que ese punto requiere mayorías especiales, por lo que exigen más cambios en el texto. Advertido por catedráticos y la oposición, el Frente Amplio pidió a asesores legales del Ministerio de Industria y de la bancada legislativa un informe sobre el tema.
Aunque el oficialismo tiene el punto a consideración y todavía no hay resolución, el análisis primario del FA es que no se da paso a un monopolio. "Nosotros no creemos que requiera mayorías especiales pero lo estamos analizando. En principio no es uno de los temas que vamos a revisar", dijo a El Observador el presidente de la comisión de Industria de Diputados, Carlos Varela (Asamblea Uruguay).
El argumento del gobierno es que quienes tengan la infraestructura requerida podrán realizar la transmisión de datos por sus medios. Mientras los blancos exigen modificaciones para las que sería imprescindible negociar entre el oficialismo y la oposición, el FA deberá resolver antes de fin de mes si deja el texto tal como fue ingresado al Parlamento. La decisión será tomada esta semana tras una reunión que tendrá la bancada de legisladores oficialistas con el Ministerio de Industria.
El FA pretende aprobar la normativa antes de fin de año por lo que deberá acelerar el trámite parlamentario si busca cumplir con lo encomendado por la Mesa Política (ver recuadro).
Los reparos
El diputado Álvaro Delgado (Todos) dijo a El Observador que "los monopolios por Constitución necesitan mayorías especiales". Afirmó que esos aspectos ya fueron señalados al FA en la Comisión de Industria de Diputados por abogados constitucionalistas. En tanto, dijo que la bancada nacionalista también trabaja en el tema junto a sus asesores legales.
Durante su comparecencia ante la comisión de Industria, el catedrático en derecho administrativo de la Udelar, Carlos Delpiazzo, afirmó que "bajo el ropaje de una simple ley ordinaria, el proyecto encubre disposiciones requeridas de mayorías parlamentarias especiales por la sensibilidad de los temas que toca".
"El artículo 81 lo establece con toda claridad; no hay ningún subterfugio: "El Sistema Nacional de Radio y Televisión Público, y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), individual o conjuntamente si así lo acuerdan, serán los únicos habilitados" -único es mono: monopolio- "a brindar acceso a infraestructura de transmisión de radiodifusión a titulares de servicios de radiodifusión abierta de radio y de televisión que no dispongan de ella. Ambos organismos podrán cobrar un precio". O sea que es un monopolio oneroso. No pueden existir dudas de que estamos frente a un monopolio a favor de una entidad estatal y, por lo tanto, impera "in totum" el artículo 85 de la Constitución que establece dos mayorías distintas, según el monopolio se conceda a un ente público o a un privado", dijo el jurista el 21 de agosto. Delpiazzo además es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
En el mismo sentido opinó, el mismo día, el director del Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UCU, Augusto Durán Martínez.
Calificó el articulado como "injustificable" porque al ser una actividad regida por los principios de competencia "los privados quedarán absolutamente en desventaja", según dijo.
El constitucionalista Martín Risso advirtió al Parlamento sobre el "rol central" de ANTEL como "dueño" del proceso. Aunque dijo que queda establecido de manera "indirecta", sostuvo que habrá un "monopolio de hecho".
Además destacó que la estatal podría incluso tener canales de televisión porque no hay ninguna limitación.
Venezuela
EL PAIS |EDITORIAL |24/09/2013 |Página 15
Grave decisión de Venezuela. Editorial
Los admiradores de la República Bolivariana, esos que siguen elogiando el modelo implantado por Chávez, se las verán en figurillas para explicar por qué Venezuela abandonó la semana pasada el sistema interamericano de derechos humanos. En efecto, por decisión del gobierno de Caracas la Corte Interamericana dependiente de la OEA quedó privada de intervenir en defensa de los venezolanos que en lo sucesivo requieran su ayuda.
Con esta retirada resuelta en vida por Chávez que calificó a la Corte de "mafia", y ratificada por Nicolás Maduro, el Estado venezolano dejó sin cumplir más de una docena de sentencias condenatorias en donde se disponían indemnizaciones para unos 250 reclamantes. Con esta medida ahora es más grave el desamparo en el que quedan los sufridos habitantes de ese país en donde a la pérdida de jurisdicción de la Corte se suma una reforma del proceso penal que prohibió a las ONG apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La historia de los choques entre el gobierno venezolano y el sistema interamericano de derechos humanos comenzó en 2010 cuando la Corte elaboró un informe en donde se denunciaba el deterioro de la democracia bajo el régimen chavista. Allí se registraban, entre otras violaciones, las limitaciones a la libertad de expresión especialmente en medios audiovisuales, las distintas formas de acoso a opositores, la pérdida de autonomía de la justicia y la incidencia gubernamental en el órgano encargado de tutelar el proceso electoral.
En junio de este año, en ocasión de la asamblea general de la OEA, Caracas arremetió contra el sistema interamericano de derechos humanos al que acusó de favorecer los reclamos de la oposición. Sus críticas hallaron eco en Ecuador, un país que con Rafael Correa a la cabeza, participó últimamente en los intentos por debilitar a la Corte y a la Comisión de Derechos Humanos.
El gobierno de Correa, un contumaz perseguidor de la prensa libre, fue condenado varias veces por la OEA y, por supuesto, amenaza seguir el camino de Venezuela. Durante esa acometida en la OEA Uruguay fue uno de los países que más defendió el sistema de derechos humanos procurando evitar que se limitaran sus atribuciones, una postura que por momentos lo dejó enfrentado a Venezuela y Ecuador, dos países del Alba, ese bloque político inspirado por Chávez al que nuestra cancillería mira aun con cierta simpatía.
La postura uruguaya tuvo lógica, ya que pocos países del hemisferio cumplieron tan al pie de la letra las recomendaciones de la OEA, ese organismo multinacional otrora denostado por la izquierda que llegó a calificarlo como "el ministerio de colonias de Estados Unidos". La anulación de la ley de caducidad solicitada por la Comisión de Derechos Humanos así como la asunción de responsabilidad por violaciones cometidas bajo la dictadura fueron decisiones de nuestro gobierno que constituyeron un modelo de acatamiento al sistema interamericano de derechos humanos.
Coherente con esa posición asumida en la OEA, el gobierno uruguayo debería ahora manifestar oficialmente su preocupación por la decisión venezolana de salir de la jurisdicción de la Corte y arengarla a "consolidar dentro del cuadro de las instituciones democráticas un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales", tal como reza el Pacto de San José de Costa Rica firmado por ambos países.
Claro que adoptar una actitud de esa naturaleza supondría poner en evidencia la índole autoritaria y poco democrática del gobierno de Caracas, algo que difícilmente se haría bajo la presidencia de José Mujica, un presidente que hace unos meses, integrado a un acto de corte netamente político, convalidó con su presencia en Venezuela la irregular candidatura de Nicolás Maduro. Significaría además un desgarramiento para un grueso sector del Frente Amplio en donde se mantiene viva la adhesión al chavismo, observado y publicitado todavía como un ejemplo a imitar.
Por último, cabe preguntar cuál será la actitud del Mercosur ante esta salida del sistema interamericano de derechos humanos de su novel socio venezolano, una resolución confirmatoria de un rumbo autoritario que resulta violatorio de la cláusula democrática vigente en nuestro decaído bloque regional.
LA JUVENTUD |INTERNACIONAL |24/09/2013 |Página 12
NACIONES UNIDAS. ALBA condena en Ginebra agresiones israelíes contra pueblo
LA ALIANZA Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó hoy aquí las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel contra Palestina y la negativa de Tel Aviv a acatar las recomendaciones de la ONU.
Al intervenir en la vigésimo cuarta sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, la delegación de Ecuador, a nombre del ALBA, defendió el reclamo de ese pueblo de construir un Estado independiente y reivindicó la necesidad de una solución pacífica al conflicto en el Medio Oriente. La declaración condena la construcción de asentamientos en los territorios ocupados, los crímenes contra la población civil, así como los asesinatos extrajudiciales.
"El gobierno de Israel continúa quebrantando el derecho internacional humanitario y sometiendo al pueblo palestino a condiciones de existencia que pueden acarrear su desaparición física", denunció por su parte el representante cubano, Juan Antonio Quintanilla.
Recordó el funcionario que Tel Aviv priva a ese pueblo de sus derechos básicos, incluido el de la libre determinación, utiliza la fuerza armada contra civiles, entre ellos niños, mujeres y ancianos, y es responsable de detenciones arbitrarias y maltrato a los detenidos.
En su declaración ante el Consejo, Quintanilla advirtió también sobre la negativa de Israel a cooperar con el Examen Periódico Universal, lo cual se suma a su largo y persistente expediente de incumplimiento de sus obligaciones internacionales más elementales.
Una advertencia similar hizo la representación de Venezuela, al condenar el total menosprecio de Tel Aviv a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos.
Venezuela reclamó la necesidad de que el régimen israelí ponga fin a la ocupación de los territorios palestinos y los del Golán sirio y vuelva a las fronteras de 1967
LA DIARIA |ECONOMIA |24/09/2013 |Página 5
Dos potencias se saludan
China y Venezuela cerraron acuerdos por 20.000 millones de dólares
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó el sábado una visita oficial a China, un encuentro que confirma las buenas relaciones entre ambos países después de la muerte de Hugo Chávez. Maduro había viajado a China junto con Chávez, cuando era vicepresidente.
En esa oportunidad, ambos gobiernos instalaron las Comisiones Mixtas, un mecanismo que consideró "muy exitoso para nuestras relaciones" y que "ha consolidado todo un sistema de cooperación multidimensional de beneficio". En este viaje ambos mandatarios firmaron 27 acuerdos de trabajo, lo que según Maduro confirma que Venezuela y China han avanzado "en el camino de la alianza estratégica profunda".
El primer ministro chino, Li Keqiang, también declaró en el mismo sentido: "En los últimos años hemos asistido a un desarrollo constante de las relaciones entre China y Venezuela", dijo, y aseguró que bajo el mandato de Maduro "Venezuela también está en camino hacia un desarrollo sostenible".
Los acuerdos firmados implican inversiones por más de 20.000 millones de dólares. Uno de ellos consiste en un crédito del Banco de Crédito chino por 5.000 millones de dólares destinado a vivienda, al sector agrícola, transporte, industria, vialidad, electricidad, minería, salud y ciencia y tecnología. También cerraron acuerdos-marco de cooperación por seguridad pública y defensa e intercambio de datos y aplicación de satélites.
También se acordó la creación de una empresa mixta estatal para la explotación petrolera del bloque Junín 10, en la faja del Orinoco, que significará la inversión de 14.000 millones de dólares y la producción de 200.000 barriles diarios.
Actualmente Venezuela suministra más de 600.000 barriles de crudo a China por día, cerca de una cuarta parte de sus exportaciones totales de petróleo.
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