RESUMEN DE PRENSA
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URUGUAY
EL PAÍS | POLÍTICA |NACIONAL |21/01/2014 |Página 6
Debaten cambiar sede de la CIDH. Los gobierno de Ecuador y Uruguay presentan informe
Ecuador y Uruguay presentarán un informe sobre el posible cambio de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la tercera conferencia del Pacto de San José que se inicia hoy martes en Montevideo.
Un grupo de trabajo coordinado por ambos países presentará el informe "Desafíos presupuestales, reglamentarios y funcionales para el cambio de sede de la CIDH", confirmó la cancillería ecuatoriana en un comunicado. Además, los cancilleres de Ecuador y de Bolivia, Ricardo Patiño y David Choquehuanca, presentarán sendos informes sobre los avances en las reformas al sistema continental de Derechos Humanos, indicó la cartera.
Quito, La Paz Y Caracas quieren trasladar la sede de la Comisión, actualmente en Washington, a un país signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos para restar la influencia de Estados Unidos, país que no se adhiere al tratado.
Las naciones del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) también han presentado propuestas para equilibrar el presupuesto de las distintas relatorías de la Comisión, puesto que argumentan algunas tienen más recursos que otras de acuerdo a la "conveniencia" norteamericana.
Es la tercera conferencia que se realiza para abordar las reformas a la Comisión, las que ya se discutieron en Guayaquil (Ecuador) y en Cochabamba (Bolivia), en marzo y mayo pasados.
En septiembre de 2013 Venezuela anunció su retiro de la CIDH, organismo que denunció en varias ocasiones la violación de los derechos humanos y la libertad de expresión bajo el gobierno del expresidente Hugo Chávez.
Organismos de derechos humanos de Venezuela e internacionales pidieron al presidente Nicolás Maduro dar marcha atrás a la decisión, pero no encontraron eco en el gobierno chavista. La CIDH también ha cuestionado al gobierno de Rafael Correa en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia.
LA REPÚBLICA |NACIONAL |21/01/2014 |Página 3
DECISIÓN. EL PRESIDENTE MUJICA Y EL MINISTRO DE DEFENSA HUIDOBRO FIRMARON AYER LA RESOLUCIÓN. Tribunal de Honor para el "Goyo"
El teniente general (r) Gregorio Alvarez será juzgado por sus pares por delitos de homicidio.
Alvarez, teniente general (r), preso desde diciembre de 2007, quien ejerció la presidencia de facto entre 1981 y 1985, encabeza la lista de militares que serán juzgados por sus pares, según la determinación del Poder Ejecutivo. El Tribunal de Honor deberá integrarse por oficiales de similar jerarquía, en este caso, tres ex Comandantes en Jefe en situación de retiro. Según el reglamento, por su orden, de izquierda a derecha (de menor antigüedad a mayor antigüedad), el Tribunal correspondería que lo integren los ex Jefes del Ejército Jorge Rosales, Carlos Días y Angel Bertolotti.
Los fallos de los Tribunales de Honor son independientes de los juicios de los tribunales judiciales, civiles o militares, ni interfieren con los trámites normales en el fuero civil o militar ni eximen alinclulpado de la jurisdicción penal militar o común.
En 2009, Alvarez fue condenado por el homicidio de 37 personas durante su etapa como comandante del Ejército.
Meses atrás, un fallo de un Tribunal de Apelaciones había revocado el procesamiento de Alvarez por el "homicidio muy especialmente agravado" de Luis Luzardo, militante tupamaro fallecido en 1973. Empero, permanecerá preso.
"Cada oficial está obligado a ser un ejemplo de conducta", señala el Reglamento en su artículo 3° y define al honor (artículo 1°) como "la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos". También señala que la virtud militar "es por excelencia, una religión, la religión del deber".
Los Tribunales de Honor, agrega, se limitarán a juzgar, solamente, el aspecto moral de las cuestiones que se les sometan, en las que actuarán como jueces de hecho, de acuerdo a la conciencia que se formen frente a la verdad depurada e inspirándose siempre en el sentimiento de Honor y Deber militar". En ese sentido, a los Tribunales de Honor compete emitir su parecer respecto a la conducta de un oficial en retiro cuando haya sido "condenado por juez competente". Los fallos se encuadran dentro de ciertos límites que van desde la absolución a la descalificación por condena de tribunales ordinarios. La falta más severa figura con el límite E-Descalificación por condena de Tribunales Ordinarios. En este caso, lleva aparejada la "pérdida del Estado Militar (baja)", de acuerdo al Código Penal Militar.
Hace un año atrás, el propio ministro de Defensa Fernández Huidobro había adelantado a LA REPUBLICA que varios militares, condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, debían pasar por un Tribunal de Honor Militar. La decisión que finalmente se concretó en la víspera, cuenta con el apoyo del comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre.
"Las cosas se deben hacer con el menor daño posible para la sociedad y con el mejor beneficio posible para la ciudadanía", había señalado el secretario de Estado.
DE PUÑO Y LETRA
A través del decreto N° 55/985 del 8 de febrero de 1985, el gobierno de facto de la época aprobó un nuevo reglamento de los tribunales de Honor de las FFAA, sustitutivo del aprobado por decreto el 20 de mayo de 1969. Se trata de un librillo de 58 páginas, impreso en la propia imprenta del Ejército. Fue uno de los últimos actos de gobierno del teniente general (r) Gregorio Alvarez, quien dimitió a su cargo cuatro días después.
Los condenados
Además de Alvarez, la nómina de militares con condena firme de la justicia la integran el capitán de fragata (r) Juan Carlos Larcebeau, condenado a 20 años de prisión como coautor en el homicidio de 29 personas trasladadas desde el exterior en 1978 en forma clandestina. Luego, el coronel José Niño Gavazzo, condenado a 25 años de prisión por la muerte de 28 uruguayos secuestrados en Argentina en 1976. El coronel Ricardo Arab, condenado a 25 años de prisión también por la muerte de 28 uruguayos secuestrados en Argentina. Arab también había sido procesado por la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976. El coronel (en situación de reforma) Gilberto Vázquez, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios (también fue procesado por la desaparición de María Claudia). El coronel Ernesto Ramas recibió la condena a 20 años de prisión por el homicidio de 28 personas. El coronel Luis Maurente, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios; el soldado Ernesto Soca, con 20 años por 28 homicidios. Cierra la lista el coronel Jorge "Pajarito" Silveira, condenado a 20 años de prisión por 28 homicidios (también fue procesado por la desaparición de María Claudia García de Gelman). Este último, solicitó en 2005 la formación de un Tribunal de Honor por todos los hechos que se le imputaron aunque el mismo nunca se integró.
EL PAÍS |POLÍTICA |NACIONAL |21/01/2014 | Página 8
Bonomi y Fernández Huidobro van hoy a Comisión El Parlamento comienza con larga serie de citaciones
La Comisión Permanente del Poder Legislativo comenzará hoy a recibir a los ministros que informarán sobre distintos temas a los legisladores. El titular de Defensa llegará sobre las 10, el de Interior lo hará a las 15:00 horas. Foto: Archivo El País
Los ministros citados por la oposición son el titular de Ganadería, Tabaré Aguerre (exportación de ganado en pie); los de Transporte y Obras y Relaciones Exteriores, Enrique Pintado y Luis Almagro (por las trabas argentinas y la disminución de la actividad del puerto); el ministro de Economía, Mario Bergara (acuerdo con Francisco Casal y construcción de la nueva sede para el Banco República); el titular de Vivienda y Medio Ambiente, Francisco Beltrame (para hablar sobre la gestión de la Agencia Nacional para la Vivienda); el ministro del Interior Eduardo Bonomi (acceso a la información, licitaciones y compras en el Ministerio); y el secretario de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro (industria naval).
Todos estos secretarios de Estado fueron citados por la oposición, lo que fue respondido por el Frente Amplio con la convocatoria al ministro de Educación y Cultura Ricardo Ehrlich, quien explicará aspectos de la situación en el sistema educativo.
En la jornada de hoy comparecerán Fernández Huidobro, a pedido del senador blanco Luis Alberto Lacalle, y Bonomi, citado por el diputado Pablo Abdala. Con el titular de Defensa la reunión se iniciará a la hora 10 y con el ministro del Interior será desde la hora 15, según está programado.
Para recibir a todos los ministros hasta el fin de su actividad, que es el 1° de marzo, la Comisión Permanente deberá acordar una serie de reuniones como no ha tenido en los últimos años.
Los ministros Bonomi, Beltrame y el canciller Almagro repetirán este verano su comparecencia ante la Comisión Permanente a la que ya fueron convocados a comienzos de 2013.
EL PAÍS | POLÍTICA | NACIONAL | 21/01/2014| Página 5
Gobierno ratifica que firmará con Aratirí y reservas en el contrato. Minería a cielo abierto. Ortuño rechazó que los departamentos puedan prohibir extracción de metales
A días del plazo que se autoimpuso para firmar un contrato con Aratirí, el gobierno dijo que respetará la autonomía de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y que le dará el tiempo que requiera para hacer los estudios necesarios.
Aunque restan detalles, para el gobierno firmar con Aratirí es "estratégico". Foto: Archivo El País
Pero también advirtió que no le reconoce competencia a los gobiernos departamentales para prohibir la minería a cielo abierto y que habrá aspectos del contrato que serán secretos.
A través del ministro interino de Industria, Edgardo Ortuño, el gobierno salió ayer nuevamente con fuerza a defender su posición respecto al que considera un proyecto "estratégico", preocupado por los crecientes cuestionamientos a su decisión de firmar el acuerdo aún cuando la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) todavía está lejos de dar las autorizaciones ambientales pertinentes.
Ayer, luego del primer Consejo de Ministros, Ortuño aseguró en la residencia presidencial de Suárez y Reyes que "el contrato incluirá específicamente que la autorización ambiental previa es condición para el inicio de la actividad minera".
Ortuño descartó que se vayan a poner plazos en el contrato para que la Dinama expida los informes ambientales (se habían barajado seis meses). "Los estudios técnicos serán realizados en los tiempos que la Dinama establezca", aseguró. Obligarla con plazos, "no está previsto, es más, creo que no corresponde porque debemos darle los tiempos, insisto, que los equipos técnicos entiendan necesarios". La aclaración es relevante en la medida que despejaría cualquier posibilidad de una presión indirecta sobre la autoridad ambiental.
"Al Uruguay le importa que se lleve adelante el proyecto en tiempo razonable por los recursos que generará para el país, pero también importa que se haga con las garantías y seguridad técnicas de un proyecto de esta naturaleza", insistió.
VENEZUELA
EL OBSERVADOR |INTERNACIONAL | 21/01/2014 |Página 20
Los militares forman la línea de poder detrás de Maduro. Venezuela. Los uniformados están al frente de los ministerios más fuertes y dominan la economía
La designación de militares en puestos claves del gobierno venezolano ha abierto un debate sobre la progresiva toma del poder por parte de los uniformados en las áreas económica y de seguridad ciudadana, las dos más cuestionadas al gobierno chavista.
"Claramente los militares están controlando lo económico, la inteligencia y las armas. Están en 25% de los ministerios (...) Los hombres con más poder del país tienen uniforme militar. Hay una toma del poder por parte de los militares", dijo a la AFP Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano.
Embajadores, gobernadores, directores de universidades, un canal de televisión militar, banco de la Fuerza Armada, empresas de construcción, organismos encargados de aplicar rebajas forzadas de precios... la lista de militarización de la política venezolana puede ser extensa.
La tendencia incluye el lenguaje cotidiano del gobierno de Nicolás Maduro, quien llegó a la Presidencia reemplazando al fallecido Comandante Supremo, Hugo Chávez: guerra económica, batallas, ofensivas, combates son términos aplicados por el mandatario y sus ministros a cada acto político, económico o social en sus frecuentes apariciones en televisión.
En la historia democrática venezolana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha sido considerada una institución prestigiosa en el país, dedicada a la defensa, pero a partir de la elección como presidente de Chávez en 1998 los militares empezaron a ocupar puestos que usualmente estaban encargados a civiles y comenzaron los cuestionamientos sobre su papel.
Esta es una práctica que Maduro ha extendido a su gobierno y con frecuencia se le ve acompañado de militares. El diario local El Nacional calculó en 368 los uniformados que han sido designados por el mandatario en los nueve meses transcurridos desde su llegada a la Presidencia en abril de 2013.
Para San Miguel, no puede hablarse de una "jugada política de Maduro". La experta en materia militar concluye que, en definitiva, se trata de "la ejecución real del poder que detentan las promociones de la intentona militar del 4F (el fallido golpe de febrero de 1992 encabezado por Chávez) y que hoy realmente controlan el país".
Uniformados por doquier
Los temas económicos concentran el avance de los militares, el último la semana pasada cuando el general del Ejército Marco Torres fue designado en el remozado Ministerio de Finanzas, fusionado con el de Banca Pública. Torres sustituyó al civil Nelson Merentes, un matemático que vuelve al Banco Central de Venezuela (BCV).
También es miembro de la Fuerza Armada el ministro de Transporte Acuático y Terrestre, Hebert García Plaza, quien además dirige el Órgano Superior de la Economía, responsable de aplicar las rebajas forzosas de precios en el marco de la "ofensiva económica" del gobierno contra la inflación y la "guerra económica de la burguesía".
En la lista de ministros militares activos o retirados figuran los de Alimentación, Industria, Energía Eléctrica y -obviamente- Defensa.
Es además militar el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, quien tiene la difícil tarea de bajar la tasa de homicidios, que oscila entre 39 y 79 por cada 100 mil habitantes, según lo computen el gobierno o las ONG, respectivamente.
La mitad de los gobernadores del país (11 de 23), los encargados de los servicios de inteligencia, el director de la Universidad sobre temas de Seguridad y varios embajadores en destinos importantes provienen de las Fuerzas Armadas, sin olvidar al número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
"Los militares tienen bajo su responsabilidad la ejecución de la política económica del país", sostiene el analista en temas militares, Carlos Hernández.
Son los del 4F
En vísperas de Año Nuevo, Maduro ascendió a un grupo de militares retirados en cargos de gobierno y que acompañaron al fallecido Hugo Chávez en las insurrecciones militares de 1992: "¡Qué cosas de la vida que me tocó a mí (...) dar este paso de justicia con los valientes soldados del 4 de febrero y del 27 de noviembre del año 92!", exclamó.
Entre ellos, estaban Cabello y los gobernadores del estado Zulia, teniente coronel Francisco Arias Cárdenas, y de Guárico, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín.
Paralelamente, el gobierno creó la Televisora de la Fuerza Armada (TV FANB), y tiempo antes el banco, la constructora, la emisora de radio y la corporación agrícola.
El general de división retirado Fernando Ochoa Antich, ministro de Defensa del presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez durante las asonadas chavistas de 1992, asegura que en el gobierno están mandando "en su mayoría oficiales que estuvieron vinculados con los golpes militares y permanecieron cerca de Hugo Chávez".
Ochoa Antich opina que Maduro necesita afianzar el vínculo con los militares por dos razones. La primera es reforzar su liderazgo frente a los uniformados, para no ser visto como alguien "que llegó allí solo porque lo escogió Chávez", en especial a la luz de un triunfo en las elecciones presidenciales de abril de 2013 con apenas 1,5% de ventaja.
La segunda, que "los venezolanos vinculen al gobierno con la Fuerza Armada para que no apoyen a los militares en caso de que quieran intervenir en el proceso político para interrumpirlo", analizó. (AFP)
Diosdado Cabello.
Presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral venezolano). Es el siguiente al mando después de Maduro por ser el segundo cargo electo en los mismos comicios que se elige presidente y legisladores. Ladero del fallecido Hugo Chávez.
Marco Torres.
General del Ejército designado la semana pasada como titular del Ministerio de Finanzas, que absorbió a la cartera de Banca Pública. Este militar sucedió en el cargo al civil Nelson Merentes, quien fue traslado al Banco Central venezolano.
Hebert García.
Miembro de la Fuerza Armada y al frente del Órgano Superior de la Economía, división que se encarga de aplicar las rebajas de precios en la "guerra económica de la burguesía" desarrollada por el gobierno. Además es ministro de Transporte Acuático y Terrestre.
LO DIJO
"Claramente los militares están controlando lo económico, la inteligencia y las armas. Están en 25% de los ministerios (...) Los hombres con más poder del país tienen uniforme militar"
Rocío San Miguel directora, ONG Control Ciudadano