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IMPLICADOS y SENTENCIADOS, ¿QUÉ PASO FALTÓ?



30 años después de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega y el General (r) Iván Ramírez accedieron a hablar con Derecho al Derecho sobre el proceso penal que se adelanta en su contra.



El 5 de noviembre de 1985 el grupo guerrillero M-19, tras varios días de planeación se toma por la fuerza el Palacio de Justicia de Bogotá, una operación terrorista que duraría 28 horas y que dejó un saldo de 26 personas muertas y otras 11 desaparecidas, y en la que tendría que intervenir el ejército en un acto de recuperación del edificio y los rehenes. Pero, lo que en un principio sería símbolo de la recuperación de las instituciones del Estado y la ratificación de su legitimidad, resultó siendo pasados los años, el enjuiciamiento de los altos mandos militares por su presunta responsabilidad en la desaparición de 11 personas. Durante mucho tiempo han surgido especulaciones acerca de la verdadera intención del M-19, algunos dicen que se llevó a cabo esta acción para realizar un juicio al presidente electo de la época Belisario Betancur y otros dicen que la acción se llevó a cabo financiada por el narcotráfico liderado por Pablo Escobar Gaviria y con el fin de frenar la extradición.



Lo cierto es que pocos días después de la toma del palacio se creó un tribunal especial en el que se evaluaron los hechos y la pruebas, y se determinó, el 17 de Junio de 1986, que la responsabilidad era del grupo armado, excluyendo al presidente Betancur y a las fuerzas Armadas. En el año 1989 se expidió un fallo del juez acusando por los delitos de rebelión y coautoría de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro (código penal de 1936), pero una ley de indulto de este año acabó con el proceso. Por otro lado, las Fuerzas Armadas también fueron acusadas y se le ordenó investigar a la Corte Suprema de Justicia por desobediencia militar, debido a la no suspensión del operativo en el cuarto piso del palacio de justicia, a pesar de la orden dada por el Consejo de ministros.



En el año 2001, la Fiscalía abrió una investigación por desaparición forzada impulsada por las familias de las víctimas en la que se investigaron a varios militares, y en el año 2007, la fiscal Ángela María Buitrago profirió sentencia condenatoria a 30 años del Coronel (r) Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas que sobrevivieron al atentado. A partir de este año el Coronel (r) se encuentra privado de la libertad y en una constante lucha por demostrar su inocencia.



La sentencia condenatoria del Coronel Plazas ( r) no reconoce las disposiciones mínimas del Código penal Colombiano vigente (ley 599/ 2000) ya que está pasando por alto los convenios internacionales como el de Ginebra, que el código y la constitución reconocen como Bloque de Constitucionalidad. Adicionalmente tanto al Coronel como al General (r) se les esta vulnerando el principio de legalidad porque se les está juzgando con una ley posterior al hecho ya que en el año de 1985 no existía el delito de desaparición forzada sino el de secuestro, y no podría aplicarse la ley vigente hoy en día porque no resulta favorable para el implicado, sumado a lo anterior el hecho susceptible de ser juzgado se entiende realizado en el momento de la acción o cuando debió dar resultado; han sido incriminado por dos delitos diferentes, el secuestro y la desaparición forzosa que efectivamente ponen en peligro sin justa causa el Estado Social de Derecho y sus valores fundamentales al crearse una doble incriminación.



Estas dos personas muy relevantes en el proceso sienten que su caso más que primar el derecho priman las venganzas y los conflictos personales además de pequeños conflictos de interés económicos, políticos y sociales de quienes los quieren perjudicar.

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